La última decisión del Gobierno de Lenín Moreno, de eliminar el subsidio a los combustibles en Ecuador, tocó directamente el bolsillo de un poderoso y peligroso sector; el dedicado al contrabando.
Son al menos 212 millones de dólares que pierde el país cada año, según el Ministerio de Finanzas.
Principalmente en la frontera norte, donde operan bandas vinculadas al narcotráfico y a los grupos armados irregulares de Colombia.
El combustible subsidiado; además de mover el aparato logístico de las mafias, alimenta sus fuentes de financiamiento. Los grupos irregulares se han hecho del control de toda la cadena de comercio ilegal en Colombia y Perú, donde el combustible cuesta más.
A esto hay que sumar que el combustible se usa como un insumo para el procesamiento de droga. Principalmente de cocaína, por lo que representa un jugoso negocio que ahora comienza a tambalear.
Por eso no es de extrañarse que en esta coyuntura, las estructuras vinculadas al contrabando se hayan colado en las justas protestas de los sectores sociales que se han movilizado en contra de las medidas económicas. Ya sea de forma directa o a través de las redes de apoyo que han logrado estructurar tanto en la frontera, como en la zona urbana.
Los saqueos, la agresión a ciudadanos, la destrucción de vehículos particulares, los robos, los secuestros, el ataque programado a tanquetas de la policía y el nivel de violencia en los enfrentamientos, no tienen precedentes.
Dan cuenta de un vandalismo organizado, especializado, que puede comprometer la estabilidad democrática del Ecuador y que el Estado tiene la obligación de desenmascarar y enfrentar con decisión, si quiere superar esta crisis.
No basta con una respuesta política. Urge una rigurosa aplicación de la Ley.
Martes 8 de octubre de 2019