Lo ocurrido en torno a Rosa Argudo, líder sindicalista, destapó un sumidero que ha dejado ver al país cuán contaminada está la representación de los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Tristemente, no es una realidad exclusiva de esa institución. El sector público en general tiene cloacas que, durante décadas, han estado fluyendo bajo los pies las autoridades, debilitando la institucionalidad.
Supuestos portavoces que usan el poder de sus cargos para colocar a familiares, amigos y/o amantes en puestos estratégicos. Que acuden al chantaje como instrumento de negociación con las autoridades del gobierno de turno para lograr prebendas. Que ejercen su influencia para que determinados contratos se direccionen o se favorezca negocios privados familiares.
El 25 de junio, cinco legisladores convocaron a la dirigente Rosa Argudo para que responda sobre el incremento de su patrimonio, los familiares que tiene en el IESS y el manejo financiero del sindicato de esa institución. Sus respuestas se volvieron virales:
Argudo dijo luego en sus redes sociales que se intenta desinformar y buscar un chivo espiatorio para tapar "la ineficiencia" del IESS.
Tanto la Constitución, como el Código de Trabajo, garantizan el derecho de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización para defender los intereses de sus miembros.
Es legal, legítimo y fundamental para lograr un contrapeso en la relación de poder entre trabajadores y patronos. Sin embargo, en lugar de evitar abusos, hay sindicalistas y dirigentes gremiales que han dedicado su vida y esfuerzos a promoverlos en beneficio propio.
La Fiscalía, incluso, investiga los nexos que podría tener el crimen organizado en el IESS, para hacerse de millonarios contratos. Por ejemplo, en la adquisición de medicamentos. Su alcance es tal que, en las instituciones con más presupuesto del Estado, no solo cooptan a dirigentes, autoridades de primer nivel, sino también a quienes se hacen cargo de los procesos de contratación.
Así, ya sea por conveniencia o por miedo, hacen los estudios de mercado y los términos de referencia a la medida de quien debe ganar. Se establece la condición de que no se entreguen adelantos económicos para proveer el servicio. ¿Quiénes pueden poner miles o millones de dólares por adelantado? Salvo honrosas excepciones, solamente las mafias.
Los proveedores honestos, que subsisten de su trabajo, no tienen ingresos tan grandes como para aguantar económicamente el tiempo (meses o años) que el Estado demora en pagar por los contratos.
El poder económico del crimen organizado, además, es una ventaja estratégica a la hora de presentar las ofertas y facilita el proceso de negociación. De igual manera, le es más fácil obtener garantías y avales que, para un proveedor común, le serían más difíciles de alcanzar.
A quienes participan en estos procesos, rara vez la Contraloría los observa, porque también históricamente han tenido tentáculos en esa institución. Léase todo lo que se ha develado, por ejemplo, con los excontralores Pablo Celi y Carlos Pólit.
Sin embargo, al funcionario honesto, que vive puesto la camiseta, que llega a fin de mes con las justas porque no le han subido el sueldo durante años, los organismos de control lo persiguen. Por un error de tipeo en la documentación, que no representa un problema de fondo, o porque se exige evidencias físicas de productos que son intangibles, como los digitales.
Es momento de que la purga llegue también a estas instancias y que los sindicalistas sean investigados y procesados. Pero esto no se podrá lograr sin la participación de los trabajadores. Son ellos quienes deben promover las reformas necesarias para lograr la renovación de la dirigencia. Así, sin poder y expuestos, los obreros podrán romper ese círculo perverso en el que la vida del sindicalista mejora tan rápido como la situación de sus representados se deteriora.
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