La suerte electoral se le podría acabar al presidente Daniel Noboa si sus peores temores se concretan en enero de 2025. Es decir, si la vicepresidenta Verónica Abad asume la primera magistratura cuando -por ley- Noboa deba pedir licencia para la campaña por la reelección y si la Asamblea Nacional es liderada por la legisladora de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, cuando Henry Kronfle también deba dedicar su tiempo a la campaña electoral.
Desde el legislativo, la capacidad de fiscalización puede ser usada para arrinconar al gabinete de Noboa. Aunque los ministros no asistan a los llamados de las comisiones o el Pleno -como adelantó el viceministro de Gobierno, Esteban Torres- el procesos seguirán de igual manera en ausencia y lograrán suficiente ruido para atraer titulares y generar crisis que distraerán al oficialismo.
En cambio, desde la vicepresidencia, Abad podría cerrar las llaves de los recursos públicos que se orienten a la campaña electoral y también podría afectar aún más la credibilidad de Noboa al revelar información sensible sobre la gestión del Gobierno.
Al oficialismo solamente le queda tomar el control de los organismos electorales (máxima autoridad en época de elecciones) para lograr un contrapeso. Es en ese contexto que se puede entender el 'culebrón' en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Si Noboa logra el control del TCE y/o el Consejo Nacional Electoral (CNE) gestionará el impacto de sus peores temores.
El culebrón en el TCE
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se volvió tema de conversación política la semana pasada. Todo comenzó el pasado lunes 12 de agosto. Tres de los cinco jueces que integran ese organismo se autoconvocaron para destituir al presidente Fernando Muñoz.
El TCE es relevante porque administra justicia en el ámbito electoral. Sus fallos son inapelables y pueden constituirse en jurisprudencia. Por eso, desde su creación, en 2008, ha sido un espacio disputado por los partidos políticos.
Quien tiene el control del TCE, tiene poder. Sobre todo, en época electoral. En manos del TCE estuvo, por ejemplo, la posible destitución del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por una infracción y también la permanencia del movimiento Construye en el registro electoral.
De igual manera, el TCE debe dirimir el conflicto que existe entre el presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad. Ella, según el oficialismo, podría repre- sentar un riesgo para Noboa y su gabinete, precisamente por la pugna que creció des- de la campaña electoral.
Por eso se ha intentado anularla desde diferentes frentes. Uno de estos, una denuncia presentada en contra de la vicepresidencia por parte del integrante del Consejo de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, por supuesta campaña adelantada en 2023.
Los jueces del TCE que votaron por la salida de Muñoz fueron: Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega. Coloma es quien sustancia la denuncia de Guarderas en contra de Abad.
De ahí las suspicacias que se levantaron en torno a que el oficialismo habría premiado con la presidencia del TCE a Coloma, a cambio de que falle en contra de Abad. Esto fue negado por Coloma, quién aseguró que la salida de Muñoz respondió a errores a nivel administrativo.
Ángel Torres, en cambio, quien ahora funge de vicepresidente del TCE, fue señalado porque su yerno Dennys Bravo es el director provincial de ADN (el partido del Gobierno) en Loja.
Él también fue el juez que sustanció el proceso en contra del movimiento Construye que buscaba dejarlo fuera de la papeleta de 2025. Torres dijo en su defensa que no decide por sus familiares y que ha obrado siempre de manera independiente.
En medio de todo este embrollo, Verónica Abad también presentó una denuncia por violencia política de género, pero en contra del presidente Noboa, la ministra de Relacio- nes Exteriores, Gabriela Sommerfeld, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y la asesora presidencial Diana Jácome.
La causa ya fue sorteada y recayó en manos de Fernando Muñoz. El mismo juez que fue destituido el lunes pasado de la presidencia. El oficialismo no tardó en reaccionar y activó una campaña en la que se habló de un supuesto intento de golpe de Estado.
Según Noboa, la intención de Abad es sacarlo del poder, pues ella pide en su denuncia la destitución del cargo y la suspensión de los derechos de participación política por cuatro años. Señaló al Partido Social Cristiano y a la Revolución Ciudadana (antes sus aliados) de estar detrás de esa intentona.
Al cierre de la semana, Diana Jácome, asesora presidencial, también presentó una denuncia en contra de Abad, por violencia política de género en contra de Abad, lo que alentó una duda: cómo puede configurarse un golpe de estado si el proceso en contra de Noboa se sustancia en el mismo organismo al que el oficialismo acudió para cancelar a Abad. ¡Todo un culebrón!.
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