Por: Andrés Jaramillo C.
En prácticamente un mes, el Gobierno del Ecuador ha hecho dos anuncios de medidas económicas urgentes. Ninguna ha sido enviada hasta la fecha a la Asamblea Nacional para su tratamiento, sin embargo, ambas han resultado altamente inflamables.
Con la iniciativa presentada el 10 de marzo, se esperaba recaudar 2.252 millones de dólares. Con la del 11 de abril, en cambio, 1.300 millones de dólares apelando al viejo cliché de la redistribución de la riqueza.
Si bien en el discurso el concepto puede escucharse bastante afinado, en la práctica destempla. Con los aportes “solidarios”, la imposición de nuevos impuestos, la reducción de salarios y el achicamiento del Estado (que se traduce en despidos) no se redistribuye el margen de ganancia de los más pudientes, sino el ingreso de los que con sacrificio y algo de fortuna han podido conservar sus empleos.
Para que un sacrificio económico influya positivamente, este debe ser utilizado como inversión. Es decir, como semilla para multiplicar fuentes de trabajo, impulsar emprendimientos y hacer que crezcan las empresas e industrias.
De lo contrario, solo representará una buena fábula para persuadir y justificar retóricamente la incapacidad de un Gobierno para poner en orden las finanzas públicas. Si el dinero es utilizado como gasto corriente o se disipa en las redes de la corrupción, los recursos no producen, se pierden y crean una viciosa dependencia.
Además, si bien es cierto que en el discurso se ha dicho que los que más tienen, más aportarán, en la práctica las medidas tienen mayor efecto en la clase media. Es decir, en quienes aún tienen un salario fijo y lo usan para cubrir sus necesidades básicas, la educación de sus hijos o el crédito hipotecario y no tienen capacidad de ahorro o margen de ganancia para ser redistribuido. En lugar de cuidarlos y procurar que más personas tengan empleo, lo que se hace es ponerlos en riesgo.
El Gobierno tiene la oportunidad de demostrar que lo ocurrido no responde a una falta de creatividad de su frente económico, compromisos electorales con los grandes grupos de poder (que sí tienen utilidades) o los tenedores de bonos de la deuda externa.
Si no se da un giro en la gestión, esta fábula no tendrá un final feliz. Habrá una ebullición ciudadana que explotará en cualquier momento y agudizará aún más la crisis económica, política y social.