El país ya no nos pertenece. El crimen organizado lo permeó. De otra manera, no podría explicarse el dramático momento que enfrenta el Ecuador: 9 atentados con detonaciones en una sola noche: cuerpos desmembrados y colgados de puentes, policías acribillados, población civil presa de las mafias.
Llegar a este punto de no retorno ha implicado una toma progresiva de los distintos poderes del Estado, incluido el poder político local. Para el narcotráfico, el tener alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales alineados es estratégico.
A través de ellos, obtienen el control de parroquias, cantones o provincias claves para el almacenamiento, producción o transporte de la droga, el lavado de dinero o para contar con un rincón de descanso seguro.
El crimen establece relaciones políticas y económicas con los actores políticos desde que son candidatos. En las campañas electorales le apuestan a quienes tienen más probabilidades de ganar y pueden ser funcionales.
Con los aliados adecuados promueven u obstruyen normativas que influyen en su actividad. O logran acuerdos para operar, a cambio de ‘gobernabilidad’, con administraciones dispuestas a beneficiarse de las actividades ilícitas.
Si bien, las autoridades locales y nacionales tienen la obligación de responder a la coyuntura, y frenar la actual escalada de violencia, el plan para recuperar la seguridad no puede pasar por alto la simbiosis entre la política local y el narcotráfico.
Más aún en estos momentos, en que las campañas electorales para las comicios seccionales están en plena ebullición. En febrero de 2023 se elegirán 5.663 autoridades entre prefectos, viceprefectos, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, entre otros.
En cada territorio son públicas y notorias las candidaturas que hacen derroche de recursos económicos. Desde conciertos masivos gratuitos con artistas de primer nivel, ingentes productos publicitarios, costosas dádivas que se reparten en los barrios, hasta la puesta en marcha de obras con maquinaria y materiales incluidos.
Pese a esto, hay un silencio colectivo. Estas actividades también alientan la economía local, activan negocios, implican la contratación de mano de obra y privilegios para los sectores dominantes.
Sin embargo, si se permite que el crimen organizado sea determinante en las elecciones, ya sea a través de la inyección de recursos, comprando autoridades electorales o incluso por medios violentos, poco se podrá hacer en el futuro cercano para recuperar el país que hoy se desangra.
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