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Los que fiscalizan son los corruptos

Los Asambleístas tienen un campo de acción política y legal limitado por la Constitución y la Ley de la Función Legislativa. No manejan recursos del Estado, no pueden hacer obras ni tampoco incidir en las decisiones de otras instituciones. Bueno… al menos no deberían.

 

La realidad es que ostentan mucho poder. Tanto que, como vimos esta semana tras el desarrollo del Caso Purga que se convirtió en el tema de conversación online y offline, pueden incidir directamente en las decisiones judiciales, políticas y hasta liderar estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.


Tomado de la cuenta de X de la Fiscalía General del Estado

 

¿Cómo ocurre esto? A los legisladores, cuando son posesionados, les entregan dos cartas que son invalorables: su voto y su capacidad para fiscalizar a cualquier funcionario público.

 

Ambas deberían ser utilizadas atendiendo el bien común del país. Sin embargo, son utilizadas como monedas de cambio. Sobre todo cuando los Gobiernos no tienen mayorías absolutas en la Asamblea Nacional y necesitan impulsar una agenda legislativa. Antecedentes sobran.

 

En 1992, por ejemplo, en el Congreso había 77 diputados y apenas 15 eran cercanos al presidente entrante de Sixto Durán Ballén. Entonces, el vicepresidente, Alberto Dahik, contó a un grupo de periodistas que los legisladores de esa época le pidieron dinero y cargos públicos para apoyar al oficialismo.

 

Cuando este capítulo se hizo público, en el Legislativo se cocinó un juicio político en contra de Dahik, por el mal uso de recursos económicos de la Vicepresidencia, en un caso que fue denominado ‘Fondos Reservados’.

 

En 2009, Fabricio Correa, hermano del entonces presidente Rafael Correa, reveló que en 2007 se ocuparon fondos que quedaron de la campaña electoral de 2006 de la organización política PAIS, en favor de diputados.


Correa no tenía representantes en el Congreso y necesitaba impulsar su Asamblea Constituyente. Entonces, tras una jugada política, el Tribunal Supremo Electoral destituyó a los legisladores electos y asumieron sus suplentes, a quienes precisamente (según Fabricio Correa) se favoreció. Ese momento de la historia se conoció como el ‘Congreso de los Manteles’.


En 2020, en cambio, la Fiscalía formuló cargos en contra del exlegislador Elizeo Azuero, por delincuencia organizada. Actualmente se encuentra prófugo. Él fue señalado por liderar una estructura que, a cambio de apoyo político, se benefició de contratos y logró cuotas en instituciones públicas como el Servicio Nacional de Contratación Pública.


Por eso, en la actualidad, lo de Muentes solo ratifica el uso corrupto de las funciones de algunos legisladores. Él, que es un personaje clave del Partido Social Cristiano -organización a la que se le endosa históricamente el control de la justicia- estuvo en la Comisión de Fiscalización, una de las mesas claves, pues es donde se sustancian los juicios políticos.

A través de la Fiscalización, se pone o se quita presión a los ministros, a cambio de hospitales, direcciones provinciales, gobernaciones o cualquier otro tipo de ‘favor’. O, a su vez, se usa la capacidad de solicitar información para favorecer intereses particulares, de la empresa privada o los propios. Cabe recordar el proceso que la Fiscalía abrió por el ‘reparto’ de hospitales en 2020.


Si las autoridades quieren, en realidad, hacer una verdadera purga, basta con determinar las relaciones de los legisladores con las autoridades provinciales nombradas por el Ejecutivo tras los pactos políticos. Basta con dar un vistazo a su círculo íntimo para saber quiénes se benefician de contratos. Basta con revisar los pedidos de información para conocer a quiénes se benefician.


De lo contrario, lo de Muentes quedará como una anécdota más del uso corrupto de las funciones legislativas donde los que juzgan son los corruptos, los que fiscalizan son los implicados y los jodidos somos todos.


Originalmente publicado en Notimercio, el 9 de marzo de 2024


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