El proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, que el presidente del Ecuador Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional, restauró el debate en torno a la importancia de que se cumpla con la responsabilidad de facilitar el acceso a la información pública, por parte de los funcionarios y las instituciones del Estado.
Esta iniciativa ratifica la promesa presidencial de superar aquel capítulo de la historia en la que se ordenaba a los Ministros de Estado no entregar información a ciudadanos y periodistas de medios que resultaban un riesgo para el modelo autoritario de Gobierno.
Resulta fundamental, no obstante, que su aplicación no sea discrecional y repare la censura que se vivió en el correísmo, así como el bloqueo más silencioso que hubo en la administración de Lenín Moreno.
Ese fue un Gobierno que, ante temas de relevancia pública que merecían respuestas urgentes y claras, levantó un cerco. Ocurrió con la crisis sanitaria por la covid-19 y también tras el secuestro y posterior asesinato de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, integrantes de un equipo periodístico de Grupo El Comercio.
Lenín Moreno ofreció desclasificar toda la información relacionada con el accionar de su Gobierno durante el secuestro y que consta en documentos como las actas de tres Consejos de Seguridad Pública (Cosepe) realizados en marzo y abril del 2018. Sin embargo, contrario a su discurso, se ocultaron hechos, se protegió a funcionarios que tuvieron responsabilidad en lo ocurrido, se entregaron cientos de hojas con información inservible y primó la impunidad.
Lo que se ha podido conocer ha sido gracias al esfuerzo independiente de periodistas de investigación como María Belén Arroyo y Arturo Torres, quienes en su libro Rehenes detallan cómo el Gobierno, a sabiendas de que el equipo periodístico había sido asesinado, seguía públicamente defendiendo la tesis de que los tres estaban vivos y se hacían los esfuerzos para traerlos a salvo a casa. Mintieron.
Hubo negligencia en las negociaciones con el grupo narcoterrorista, operaciones que pusieron en riesgo la seguridad del equipo periodístico y ocultamiento de información que pudo ser relevante para rescatarlos y también para develar los nexos entre estos grupos y los actores políticos, sociales y económicos tanto de Ecuador como de Colombia.
La ahora fundación Periodistas sin Cadenas, que se conformó con decenas de periodistas para investigar los hechos, publicó además en sus trabajos Frontera Cautiva y Viaje sin regreso que hay serios indicios que confirman que el 28 de marzo de 2018 el equipo periodístico estuvo a punto de ser liberado, pero la operación de rescate se frustró. ¿Por qué?
El presidente saliente dejó un vacío que el actual puede saldar desclasificando toda la información del caso, incluyendo las actas del Cosepe, si en realidad el ofrecimiento de recuperar los valores democráticos y republicanos es real y no solo un intento de congraciarse con la opinión pública, en el inicio de su Gobierno. Presidente Lasso, aún #NosFaltan3
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